Deudas de sangre, política y capital
Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo de 2026, la región latinoamericana se encuentra en una encrucijada histórica donde los avances normativos de vanguardia colisionan con una realidad material estancada y, en sectores críticos, regresiva. Esto nos evidencia que las deudas de sangre, política y capital en cuestiones de género permanecen a pesar del esfuerzo por cambiar la realidad.
El análisis de la situación social de las mujeres en Colombia y en el resto del continente revela una paradoja estructural. Mientras los parlamentos aprueban leyes ambiciosas sobre violencia digital y paridad política, las calles y los hogares siguen siendo escenarios de una precariedad que se ensaña desproporcionadamente con los cuerpos femeninos.
Bajo una mirada crítica y reflexiva, este informe desglosa las deudas pendientes y los desafíos emergentes que marcan la agenda feminista en un año definido por la incertidumbre geopolítica y la consolidación de nuevas formas de poder transnacional.
El panorama geopolítico y social en 2026
El inicio de 2026 ha estado marcado por una reconfiguración de las tensiones globales que impactan directamente en la autonomía de las mujeres en América Latina. La llegada de liderazgos de ultraderecha en diversos países de la región y el fortalecimiento de lo que se ha denominado la «broligarquía» —una alianza entre los intereses de Silicon Valley, el Estado estadounidense y un eje autocrático global— han puesto los derechos y libertades de las mujeres en el centro de una disputa ideológica sin precedentes. Esta nueva forma de poder no solo se manifiesta en recortes económicos y sociales, sino en una criminalización sistemática de la autonomía reproductiva y en un ataque directo a los marcos de protección de género.
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En este contexto, las redes de mujeres han emergido como la primera línea de resistencia frente a los movimientos ultraderechistas. El avance de la ultraderecha no es un fenómeno aislado, sino un modelo que busca desmantelar los cimientos de la dignidad humana, comenzando por los derechos de las mujeres y las personas migrantes. La «ola verde», que hace un lustro transformó la legislación sobre el aborto en países como Argentina y Colombia, se enfrenta hoy a un embate que utiliza la incertidumbre económica y la polarización para retroceder en conquistas históricas.
La autonomía económica sigue siendo el eslabón más débil de la cadena de derechos en América Latina. A pesar de los discursos sobre la recuperación post-pandemia, los datos de 2025 y los primeros reportes de 2026 muestran que el crecimiento no ha sido equitativo. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha revelado cifras que, si bien muestran una leve mejoría en los indicadores agregados, ocultan brechas de género persistentes y profundas.
Fracturas en el mercado laboral
Para enero de 2026, la tasa de desocupación nacional en Colombia se situó en el 10,9 %, una disminución respecto al 11,6 %, registrado en enero de 2025. Sin embargo, al analizar estos datos bajo una lente de género, se observa que la tasa de participación global (TGP) para las mujeres sigue estando significativamente por debajo de la de los hombres.
La reducción de la tasa de desempleo para las mujeres al llegar al 10,1 % en diciembre de 2025 no debe interpretarse como un triunfo definitivo, sino como una mejora estadística que coexiste con una informalidad del 55 %. La realidad para la mayoría de las trabajadoras colombianas es la inestabilidad. Los datos indican que las mujeres tienen una presencia predominante en sectores como la administración pública, la educación y la salud, pero su participación en áreas técnicas de alta productividad, como los datos y la analítica, sigue siendo marginal.
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A nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que una de cada cuatro mujeres en la región carece de ingresos propios, una proporción que se reduce a uno de cada diez en el caso de los hombres. Esta falta de autonomía económica es el caldo de cultivo para otras formas de violencia y dependencia. En 2026, la inflación persistente en países como Colombia y México, derivada de presiones salariales y políticas fiscales, ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares liderados por mujeres, quienes reinvierten hasta el 90 % de sus ingresos en sus familias y comunidades.
La economía del cuidado
La disparidad laboral tiene su raíz en la injusta distribución del trabajo de cuidado no remunerado. En Colombia, durante 2025, se confirmó que 9 de cada 10 mujeres realizan estas labores, una estadística que se ha mantenido inmóvil a pesar de los esfuerzos institucionales. El tiempo que las mujeres dedican a lavar, cocinar y cuidar a niños o ancianos es tiempo que se resta a su formación profesional, a su participación política o a su descanso.
Los datos del DANE muestran que del total de horas trabajadas en la economía, las mujeres aportan el 57,1 %, pero gran parte de este esfuerzo no se refleja en los sistemas de cuentas nacionales remuneradas. En términos absolutos, las mujeres dedicaron $8.070 millones de horas a trabajo doméstico y de cuidado, lo que equivale a casi el 30 % de su tiempo de vida activa.
Esta carga es diferencial según el estrato socioeconómico: mientras que en el estrato 2 el 45 % de las mujeres dedican más de seis horas diarias al cuidado, en el estrato 6 esta cifra desciende al 1 %. Esto demuestra que el cuidado es, además de un asunto de género, una brecha de clase insalvable bajo las lógicas actuales de mercado.
La persistencia de este modelo ha llevado a que en 2025 y 2026 se promueva el cuidado como un derecho humano fundamental en foros internacionales como la CSW70. No obstante, la realidad en las zonas rurales de Colombia y de la región es que la oferta institucional de servicios de cuidado es inexistente, obligando a las niñas a abandonar la escuela para asumir roles domésticos, perpetuando así el ciclo de la pobreza.
Participación política y el techo de cristal
2026 es un año electoral decisivo en varios países de América Latina. El panorama está marcado por la polarización y la pérdida de relevancia del centro político, lo que ha generado un entorno hostil para las candidatas. A pesar de los marcos normativos de paridad legislativa, las mujeres siguen siendo minoría en la carrera por cargos ejecutivos de alto nivel, como alcaldías y gobernaciones.
En Colombia, la implementación de la Ley 2453 de 2025 representa un avance significativo para combatir la violencia contra las mujeres en política. Esta ley busca sancionar el acoso y las agresiones que históricamente han limitado la participación femenina. Sin embargo, el desafío técnico y social es inmenso. El activismo digital feminista, que ha sido el motor de la transformación cultural, hoy se enfrenta a formas de «tecnofascismo» y discursos de odio amplificados por algoritmos que operan en desventaja para las mujeres.
La representación en cargos de primer nivel y juntas directivas en el sector privado ha mostrado un incremento moderado en marzo de 2026, pero al ritmo actual, el Foro Económico Mundial estima que la plena paridad de género tardará 123 años en alcanzarse. Las empresas que aún no implementan políticas de equidad citan la falta de recursos humanos (22 %) o el presupuesto limitado (21,3 %) como las principales barreras. Esta visión cortoplacista ignora el hecho de que la inclusión de las mujeres podría disparar el Producto Interno Bruto (PIB) de las naciones hasta en un 27 %.
La emergencia de la violencia física y el feminicidio
La violencia contra las mujeres sigue siendo la herida más profunda de la sociedad latinoamericana. Los datos recopilados por la CEPAL indican que al menos 19.254 feminicidios se registraron en los últimos cinco años en la región. En Colombia, la cifra de en 2025 se situó en aproximadamente 621 casos, lo que representa una disminución respecto a los 872 de 2024, pero sigue siendo una cifra inaceptable para un país que se precie de ser democrático.
Un aspecto alarmante detectado en 2025 es el aumento sistemático de la violencia intrafamiliar. Solo en Bogotá, durante el primer semestre de 2025, se presentaron más de 17.000 casos de violencia contra mujeres. En ciudades como Cali, las denuncias por este delito alcanzaron la cifra más alta de los últimos seis años. La impunidad sigue siendo la norma: el sistema judicial colombiano tarda un promedio de seis años en resolver un caso de violencia de género, y menos del 5 % de las denuncias terminan en condena.
La violencia letal en 2025 y 2026 tiene un componente particular de odio contra las identidades diversas. Colombia se consolidó en este periodo como el país con mayor número de asesinatos de mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT) en América Latina. El ensañamiento público, como el caso de Sara Millerey en Antioquia en abril de 2025, muestra una violencia que busca enviar mensajes de control social a través del terror. Además, la ineficacia estatal para proteger a las líderes sociales y excombatientes ha sido una constante durante todo el año 2025, dejando a las defensoras de derechos humanos en una situación de riesgo extremo.
Trata de personas y nuevas modalidades de explotación
El informe anual sobre trata de personas publicado en 2025 ha situado a Colombia en el Nivel 2, una degradación que responde a la falta de esfuerzos serios y sostenidos para combatir este crimen. Se ha detectado una reducción en el financiamiento estatal para la lucha contra la trata y una dependencia crítica en la «autoidentificación» de las víctimas, lo que invisibiliza a miles de mujeres explotadas.
Una de las tendencias más preocupante es la expansión de la trata en la industria del modelaje por webcam. Esta actividad, que genera más de $1.200 millones de dólares anuales, carece de regulación efectiva y se ha convertido en un foco de captación de mujeres desplazadas y migrantes. Los tratantes utilizan mecanismos de servidumbre por deudas, vigilancia extrema y suministro de drogas para obligar a las mujeres a realizar actos sexuales en vivo bajo condiciones abusivas.
Asimismo, la trata con fines de explotación laboral sigue siendo un «crimen silencioso». El gobierno colombiano no ha judicializado a ningún traficante laboral desde 2018, a pesar de que esta práctica es prevalente en sectores como la minería, el cultivo de café y el servicio doméstico. La situación de los migrantes venezolanos —casi 3 millones en Colombia— es especialmente vulnerable; se han documentado casos donde el no pago de alquileres en «pagadiarios» es utilizado por propietarios para forzar a las mujeres a la explotación sexual o actividades criminales.
Resistencia feminista en el espacio virtual
Frente a la violencia digital, 2025 marcó un hito con la adopción de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital. Este marco normativo busca dotar a los estados de herramientas técnicas para investigar delitos como el doxing, los deepfakes y la difusión de imágenes sin consentimiento. En Colombia, la Ley 2489 de 2025 ha establecido el deber del gobierno de cerrar la brecha digital de género y garantizar una alfabetización digital equitativa, evitando que los procesos automatizados se basen en datos sesgados para discriminar a mujeres y niñas.
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El activismo feminista digital en 2026 no solo denuncia la violencia, sino que construye redes de cuidado y resistencia. El ciberfeminismo en América Latina utiliza internet para desafiar las desigualdades y promover la equidad, a pesar de las amenazas del «tecnofascismo» y los discursos de odio. La lucha por el acceso a la justicia reproductiva también se ha trasladado al ámbito digital, donde las mujeres denuncian la desinformación y el uso indebido de la objeción de conciencia como barreras que impiden el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
En conclusión…
Al analizar los datos de 2025 y 2026, queda claro que América Latina atraviesa un momento de regresión y resistencia simultánea. El papel transformador de las mujeres es innegable: desde las redes de cuidado comunitario hasta el liderazgo en la justicia digital, las mujeres están sosteniendo la democracia en la región. Sin embargo, este esfuerzo se realiza a un costo personal y social altísimo.
Para cerrar las brechas identificadas, es imperativo que los Estados de la región, y en particular el colombiano, asuman compromisos concretos en cuatro áreas críticas:
- Justicia económica y cuidado. Es necesario transitar de una «economía de la supervivencia» a una «economía del cuidado» donde el Estado asuma su responsabilidad financiera en la provisión de servicios, liberando el tiempo de las mujeres para su desarrollo pleno.
- Efectividad judicial contra la violencia. No basta con leyes ejemplares si los procesos tardan seis años en resolverse. La formación de operadores judiciales con perspectiva de género y la erradicación de la impunidad en casos de feminicidio y trata son urgencias que no pueden esperar.
- Protección en la era digital. La implementación de la Ley Modelo sobre violencia digital debe ir acompañada de una regulación estricta de las plataformas tecnológicas y de la industria webcam para prevenir la trata y el acoso.
- Paridad real y representación. La democracia latinoamericana requiere una paridad que trascienda las listas electorales y se manifieste en la toma de decisiones económicas y políticas de primer nivel, rompiendo el techo de cristal que aún hoy, en 2026, penaliza el éxito femenino.
El Día Internacional de la Mujer de 2026 no es solo una fecha de conmemoración, sino un llamado a la acción crítica. Las deudas con las mujeres de América Latina son deudas de sangre, política y capital que solo podrán saldarse mediante una transformación radical de las estructuras de poder que aún hoy, en pleno siglo XXI, pretenden controlar sus cuerpos y sus vidas. La resistencia feminista, en su diversidad y fuerza, sigue siendo la mayor esperanza para una región que lucha por no sucumbir ante la barbarie de la desigualdad.